¿Puede el FA gobernarse, y gobernar con esta estructura?

El Frente Amplio tiene un Estatuto vigente desde 1993, que fue discutido y aprobado a la luz de una realidad interna y nacional muy diferente a la actual.

En primer término, el FA no estaba en vísperas de gobernar el país, por lo tanto su papel fundamental era el de oposición y construcción de una nueva mayoría. Hoy es la principal fuerza política, ha construido alianzas cada vez más amplias y permanentemente debe tomar resoluciones que luego son llevadas al Encuentro Progresista, y de aquí en más, tambien a la nueva alianza que se está conformando.

Por otra parte, esta estructura del FA estaba prevista para una fuerza militante, que cuando se discutían estos estatutos contaba con miles de militantes que se reunían y estaban en permanente contacto con los vecinos de cada barrio.

Hoy, con muy pocos comités en actividad, con un muy escaso funcionamiento de coordinadoras y departamentales y con la casi desaparición de los Independientes de la militancia, los partidos políticos han tomado un protagonismo casi absoluto, en particular a la hora de tomar resoluciones y en el manejo de los resortes de poder internos.

En la práctica si bien los organismos formalmente funcionan, la línea política se va conformando en distintos ámbitos fuera de los indicados en el estatuto, como ser las bancadas parlamentarias, los contactos personales de los principales dirigentes y por supuesto la iniciativa de la propia presidencia.

Esta forma de proceder tiene dos problemas principales. Por un lado, cuando un tema se somete a consideración hay una secuencia larguísima de organismos lo que discuten y rediscuten , llevando informes y resoluciones de arriba abajo y viceversa en sucesivos escalones: Comité de Base, Coordinadora, grupo de delegados de Coordinadoras, Mesa Política, Coordinación del EP y por fin, en su momento, la nueva mayoría; y vuelta atrás.

No hace falta decir que si se llegase a tratar de un asunto de gobierno esto es imposible de manejar así, pero aun otros asuntos que pueden disponer de más tiempo para su consideración se ven deformados por las sucesivas trasmisiones de puntos de vista.

El otro problema es la pérdida de legitinmidad de las decisiones que salteándose este camino o algunos de sus escalones se toman en otros ámbitos, que algunas veces terminan siendo cuestionadas y rediscutidas en algún organismo mientras en la práctica ya se están instrumentando. Esta actitud esquizofrénica es necesaria para poder actuar en tiempo hábil, pero le hace mucho mal a la organización.

A esta altura parece importante recapitular la experiencia de estos años y hacer un balance de los valores que se buscaba resguardar y potenciar cuando se aprobó este Estatuto.
FA: El problema de los valores y la organización

Cuando el FA se dio el presente Estatuto, se procuraban llevar a la práctica institucional algunos valores que se habían ido definiendo a lo largo de años de lucha y en el proceso de unidad de la izquierda.

En primer término el valor de la unidad, entendido como un salto estratégico dado por la izquierda uruguaya que potenció al conjunto más allá de la suma de los distintos sectores, y que debía ser protegido por encima de los legítimos intereses sectoriales, en aras del un interés anterior y superior, que el del pueblo al que se pretende servir.

En segundo término el respeto de la diversidad de los integrantes, ya sean sectores políticos organizados, como personas independientes. Desde el proceso fundacional de los primeros C de B y del propio FA, se planteó la necesidad de la convivencia de diferentes concepciones, en la medida que todos se sometieran a un proyecto común que los englobaba en esta etapa.

En tercer término la vocación democrática plasmada en los documentos fundacionales y en toda la campaña política, en medio de un Uruguay convulsionado por los enfrentamientos, vocación revalorizada en el posterior proceso dictatorial y en la lucha por la restauración democrática y por la plena vigencia y la extensión de los derechos humanos en su acepción más amplia.

En cuarto término el compromiso con los intereses de los sectores populares y la definición antioligárquica y antiimperialista, siendo esta definición especialmente importante en el momento de resoluciones en el campo de las alianzas posibles y deseables.

Finalmente, la participación ciudadana como garantía de todo lo anterior, concibiendo un ciudadano que actúa en política promoviendo los cambios, y al mismo tiempo participa de la dirección de la fuerza política, llevando al seno de la misma no sólo su pensamiento, sino actuando como mecanismo trasmisor de otros ciudadanos con los que se relaciona.

Desde nuestro punto de vista diversos factores han llevado a que la actual organización sea incapaz de cumplir este papel, siendo imprescindible modificarla para que una representación lo más amplia posible combinada con organismos realmente ejecutivos, confianza en la dirección y rendición de cuentas periódica, pongan la participación nuevamente al servicio del Proyecto Político y acoten su utilización en beneficio de intereses sectoriales.
Marzo de 2003